Las sanciones petroleras prohíben a las empresas estadounidenses extraer y
comercializar el petróleo venezolano, así como la compra de insumos y diluentes
para mejorar y refinar los crudos nacionales. Para evadir las sanciones petroleras,
el gobierno venezolano recurre a transacciones secretas con aliados a los cuales
concede grandes descuentos para que se arriesguen a exportar el petróleo
venezolano, y les acepta elevados sobreprecios en los fletes para que transporten
el crudo venezolano a los mercados asiáticos.
Las sanciones financieras bloquean e inmovilizan depósitos de la República; los
tenedores privados de bonos de Pdvsa y la República no los pueden negociar ni
transferir; bancos estadounidenses han cerrado unilateralmente las cuentas de
empresas, organizaciones y personas venezolanas, lo cual impide recibir y realizar
transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras.
Las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o
extranjera con operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-
venta de bienes y servicios con empresas del gobierno venezolano. Pdvsa,
Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido
sus tradicionales proveedores estadounidenses. Así se han roto las redes de
suministro y cadenas de valor internacional en las que Venezuela estaba
incorporada. Ciudadanos estadounidenses ni siquiera pueden comprar un boleto
de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno
venezolano.
La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno
venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean descubiertos corren el riesgo
de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta
encarcelados. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario se está
llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública venezolana, los
proveedores internacionales prefieren no correr el riesgo y rompen unilateralmente
sus relaciones económicas y comerciales con Venezuela.
Pero después de varios años de sanciones financieras, comerciales y petroleras,
los hechos indican que estas medidas no funcionaron para forzar el cambio en el
mando político con el que justificaron su aplicación. Por el contrario, la
sobreaplicación de las sanciones ha causado graves daños colaterales a las
familias, empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos
humanos, agravando aún más las precarias condiciones de vida de los sectores
más empobrecidos y vulnerables de Venezuela.
