Seis conflictos entre grupos ilegales y fuerzas del Estado. Cifras que dan cuenta del desplazamiento, el confinamiento y los asesinatos de los líderes sociales, son algunas deudas que debe enfrentar el actual Gobierno colombiano.
Pese a que el Ejecutivo neogranadino adelanta negociaciones de paz con el ELN y tiene intención de avanzar con su iniciativa de “paz total” con el resto de los grupos ilegales que delinquen en el territorio, el panorama frente a su presencia y los delitos que cometen no parecen darle tregua.
Un informe de Indepaz da cuenta que el Clan del Golfo, entre 2020 y 2021, hacían presencia en 279 municipios del país. Esa cifra aumentó. Las disidencias de las Farc, por su parte, desde 2017 a la fecha se mantienen en los espacios que hegemónicamente han tenido y no descartan la expansión, mientras que ELN disminuyó su poderío militar haciendo presencia en más de 20 departamentos.
La tarea del gobierno de Petro es erradicar la mayor cantidad de grupos al margen de la ley que delinque en Colombia, tiene varios dolores de cabeza por resolver, y que sus antecesores no han logrado frenar.
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El asesinato de líderes sociales durante el primer semestre superó los 90.
Las autoridades tienen en el radar que 11 departamentos son los que más registran desplazamiento forzado. Las causas son las confrontaciones que se registran entre estructuras al margen de la ley o con el Ejército y Policía.
Redacción NAD / El Espectador
