Más de 240 parlamentarios de doce países latinoamericanos respaldan la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde 2014, según un comunicado.
Doscientos cuarenta y tres legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre “presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos al menos desde el 12 de febrero del año 2014”.
Según el texto, entre los hechos presuntamente cometidos bajo la Presidencia de Nicolás Maduro, en el poder desde la muerte de Hugo Chávez (1999-2013) y que buscará su reelección el próximo 28 de julio, se incluyen “graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas”.
En el comunicado, los parlamentarios se refirieron a “la represión y persecución sistemática contra los venezolanos”; en concreto, “la persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de DDHH o personas que se manifiestan o protestan pacíficamente en contra del Gobierno de Nicolás Maduro”.
Por este motivo, explicitaron su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía de la CPI “sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano para exigir la responsabilidad a sus autores”, según el documento.
La investigación de la CPI en Venezuela
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga los hechos presuntamente cometidos al menos desde el 12 de febrero de 2014, según cita el comunicado.
El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI falló en contra del recurso presentado por el Estado venezolano y ordenó al fiscal Karim Khan continuar con la investigación. Entre los firmantes se encuentran diputados y senadores del partido argentino Propuesta Republicana (centroderecha), fundado y presidido por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019); representantes de las formaciones bolivianas Comunidad Ciudadana (socialdemocracia) y Creemos (democracia cristiana); y diputados y senadores de los partidos derechistas chilenos Unión Demócrata Independiente, Partido Republicano y Renovación Nacional.
También el guatemalteco Byron Rodríguez Palacios, diputado de TODOS (derecha cristiana); el panameño José Ramos, diputado del Parlacen y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA); además de congresistas peruanos de la formación derechista Avanza País y la ultraconservadora Renovación Popular. También el diputado dominicano y excandidato presidencial por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin; o diputados uruguayos del Partido Nacional y Partido Colorado (centroderecha), ambos incluidos en la coalición oficialista.
En la víspera, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la imposibilidad de Corina Yoris, la candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de inscribir su candidatura para las próximas elecciones.
Finalmente, la formación opositora informó de la inscripción, de manera provisional, de Edmundo González Urrutia, quien podrá ser sustituido a partir del 1 de abril, siempre que no cuente con ninguna sanción administrativa o impedimento que contemple la ley, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) admita la candidatura que lo suple.
EFE
