Este lunes 4 de marzo, una jueza colombiana ordenó que se le otorgue libertad por un periodo “de prueba” de cuatro años al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años”, aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la jurisdicción especial Justicia y Paz en la que se definía si el exjefe paramilitar sería dejado en libertad.
Mancuso, a quien el presidente Gustavo Petro designó “gestor de paz” para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados, llegó el martes pasado a Bogotá procedente de EEUU, luego de un proceso de deportación y tras cumplir una condena por narcotráfico.
Mancuso ha estado investigado en Colombia por más de 75 mil crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de covid-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.
Recluido aún
El exjefe paramilitar está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y quedó a disposición de la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz (la instancia especial creada por la ley del mismo nombre con la que se desmovilizaron las AUC), que lo citó a una audiencia que arrancó el viernes y culminó hoy lunes, así como del magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, que son las autoridades competentes para tomar decisiones sobre su libertad.
En ese sentido, la jueza aseguró que la boleta de libertad de Mancuso dependerá de que otras autoridades no lo requieran.
Por tal razón, el excomandante de las AUC permanecerá en prisión hasta que las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, con las que tiene cuentas pendientes, decidan su suerte.
Vida criminal
Mancuso dejó las armas en 2006, al igual que el grueso de los integrantes de las AUC, grupo responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad.
Su desmovilización se hizo tras una negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que lo extraditó en 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares porque seguían dedicados al narcotráfico.
En ese país, Mancuso recibió una condena en 2015 a 15 años y diez meses de prisión por narcotráfico.
Sin embargo, en marzo de 2020 el juez estadounidense que lo sentenció dio por cumplida la pena al convalidarle como parte de la condena los dos años que estuvo encarcelado en Colombia así como los que pasó en prisión en Estados Unidos a la espera de juicio.
Como parte del acuerdo de las AUC con el Gobierno, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
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