La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles las inhabilitaciones administrativas contra personas opositoras en Venezuela.
En este sentido, exhortó al Estado venezolano a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política de todos los sectores.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio a conocer una serie de decisiones que tenían como objeto revisar las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la Nación contra dirigentes opositores. En dichas decisiones, el TSJ decidió levantar temporalmente las inhabilitaciones de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Zulay Medina, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano y mantener la prohibición de ocupar cargos de elección popular a Henrique Capriles y María Corina Machado. Está última resultó favorecida en las elecciones primarias de la oposición.
En su comunicado expresaron que "estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios".
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En su comunicado resaltan que al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad, anulando además la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024.
"La CIDH reitera que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución". Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesto mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal", destacan.
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