La oenegé venezolana SOS Orinoco elaboró un informe en conjunto con otras cinco organizaciones presentes en países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú), con el fin de exponer el impacto de la minería ilegal aurífera en la Amazonía y sus consecuencias “devastadoras” sobre los derechos humanos y la biodiversidad.
Uno de los temas abordado en el documento es el uso del mercurio, desde cómo destruye los ecosistemas hasta sus afectaciones a la salud. Si bien Venezuela no es un país productor de dicho metal, todo lo que se utiliza proviene de México, España, Alemania, Italia, Argentina, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos, pese a que su uso está legalmente prohibido.
Entre el 2013 y 2017 solo Colombia exportó a Venezuela más de 76 toneladas, por tal razón, es tan complicado cuantificar la cantidad real de mercurio que ingresa de manera “legal” al país.
De acuerdo con esta organización, “una gran cantidad” del mercurio importado dirigido a la actividad minera se incorpora “a través del contrabando”. Se estima que la utilización por parte de la minería artesanal o de pequeña escala sería, en promedio, unas 15 toneladas anuales.
En este sentido, según el informe “se estima que entre 70% y 90% del oro sale del país de manera ilegal, en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”.
El mercurio y la salud
La investigación expone que los pobladores de El Callao sufren afecciones de salud, con frecuencia, como alergias crónicas, daño pulmonar, insuficiencia renal, respiratoria y cardíaca; embarazos problemáticos, niños con Síndrome de Down, autismo, discapacidad motora, sordera y otros impedimentos físicos, debido a la intoxicación de las personas con este metal.
“En el Parque Nacional Caura, muestras de cabello de niñas y mujeres de 5 comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema mostraron valores de Hg entre los 5,82 µg/g y los 45,41 µg/g de mercurio en muestras de cabello, asociándose estos altos valores (la concentración máxima permisible según OMS es de 2 µg/g), con los encontrados de metilmercurio”, explica el informe.
La mayoría de los participantes del estudio trabajan en minas o en la agricultura.
Además se reportó una situación de riesgo por consumo de pescado para las poblaciones locales de las confluencias de los ríos Ventuari y Orinoco, así como del Orinoco y Apure, cuyas 13 de 18 especies analizadas presentaron valores elevados de concentración de mercurio.
También se evidencia una capacidad de acumulación de mercurio en algunas especies de plantas comestibles como la yuca y el ají, lo que incrementa los riesgos de envenenamiento por ingesta del metal a largo plazo, destaca el estudio.
Deforestación y daños a la biodiversidad
La minería es una de las causas fundamentales de la pérdida de vegetación al sur del Orinoco. Esta ONG reveló, entre los años 2000 y 2020, una reducción de la superficie del bosque en el Arco Minero del Orinoco (AMO) de 520.900 ha, equivalente a 677 mil campos de fútbol.
La actividad minera a cielo abierto alcanzó las 65.985 ha en Amazonas y Bolívar en abril de 2024, lo que ocasiona la fragmentación y pérdida de hábitats en su totalidad.
Otra de las consecuencias es el desplazamiento de la fauna, percibido en las mayores distancias y tiempos de cacería que invierten los indígenas que habitan en áreas cercanas a las minas.
Ejemplo de ello, es el río Cuyuní que registró un cambio en la composición de especies y la pérdida de diversidad en gran medida como resultado de la perturbación ejercida por la minería, señala la investigación.
Impacto en la sociedad de la minería y la crisis sanitaria
El informe reveló que la proliferación de la minería y el colapso de los servicios de atención médica en Venezuela son las principales causas del incremento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.
Quienes habitan la Guayana/Amazonía venezolana tienen mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles debido a las bajas coberturas vacunales en estas localidades. A lo que se suman los accidentes mineros tan frecuentes y a menudo fatales, sin considerar el uso indiscriminado del mercurio.
Han reaparecido en esta región la malaria, sarampión y difteria; e incluso se han esparcido a otros estados y países del continente a causa de la diáspora venezolana.
“Las condiciones de vida en las zonas mineras se caracterizan por la falta de acceso a agua potable, saneamiento, electricidad o atención de salud, en campamentos improvisados en condiciones insalubres”, refleja el informe.
Los pueblos indígenas padecen altos índices de malnutrición y de muertes por desnutrición, y una situación de inseguridad alimentaria asociada a la minería. Incluso los cambios en su dieta tradicional repercuten con la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes.
Asimismo se evidencian cambios culturales de los indígenas al adoptar la forma de vida de los mineros criollos, lo que influye en el debilitamiento de los procesos de transmisión cultural, incluido sus idiomas.
Por otro lado, mientras que los docentes abandonan las aulas para ir a las minas auríferas a subsistir; estas favorecen el trabajo y la explotación infantil, la prostitución, la explotación sexual, la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como la escalada de los femicidios y la violencia basada en género. De este modo se acrecientan los embarazos tempranos y de infecciones de transmisión sexual.
A mayor violencia más temor
El aumento de la violencia y de presuntos crímenes de lesa humanidad se asocian con la instalación de regímenes paraestatales en las zonas mineras controladas por grupos armados irregulares, grupos guerrilleros (ELN y exFARC), y la actuación de cuerpos policiales y militares, con operativos y acciones que violan los derechos humanos.
“Los actores irregulares se encargan del control territorial y la imposición del orden en las minas”. De esta manera garantizan la “seguridad”, con la imposición de castigos como golpizas, disparos en las manos, amputaciones y muerte, “comúnmente realizados con fines ejemplarizantes”.
Según la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), en el estado Bolívar se registraron un total de 345 ejecuciones extrajudiciales entre 2019 y junio de 2020. Se documentaron 77 denuncias de personas desaparecidas en el contexto minero del estado Bolívar entre 2012 y 2020.
Familiares de víctimas de desaparición forzada sostienen que no recibieron apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado, y fueron “conminados” a abandonar la búsqueda, precisa el informe.
Las mujeres entre las víctimas directas
“Los contextos mineros son profundamente agresivos con las mujeres indígenas, cuya situación resulta aún más compleja ante la falta de acceso a la justicia, la brecha lingüística y las herramientas para denunciar”, revela el informe de SOS Orinoco.
Diversas organizaciones reportaron que las mujeres indígenas son maltratadas, violadas y explotadas laboral y sexualmente. Aunado a esto, se registran “casos de subastas de niñas vírgenes, a cambio de pagos en oro”; la presencia de niñas y mujeres indígenas en prostíbulos ubicados cerca de las minas, conocidos como currutelas.
Una investigación realizada con 36 mujeres indígenas de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, constató que 97% fueron víctimas de hechos de violencia.
Noticia al Día / El Nacional
