– Las revelaciones siguen sucediéndose en España en torno a la investigación a una empresa de un exresponsable arbitral de la Federación de Fútbol por unos pagos realizados presuntamente por el Barcelona.
Nuevas informaciones del diario El Mundo volvieron a sacudir al Barcelona en la noche del jueves al viernes, justo después del empate 2-2 registrado por los jugadores de Xavi Hernández contra el Manchester United en la Europa League.
Según el periódico español, el Barcelona pagó más de 6 millones de euros (6,3 millones de dólares) desde 2001 a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, para aconsejar al club sobre cuestiones arbitrales.
El monto es muy superior a los 1,4 millones de euros (1,489 millones de dólares) anunciados hasta ahora por los medios españoles, que se habría pagado entre 2016 y 2018.
Cuando el CTA fue reestructurado en 2018 con la llegada de una nueva directiva a la Federación Española y Negreira fue destituido de su puesto, el Barcelona finalizó los pagos, según el expresidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, para reducir gastos.
Negreira, según El Mundo, reaccionó enviando un fax al club catalán el 5 de febrero de 2019 para amenazarlo con revelar "un escándalo".
El diario digital El Confidencial publicó este viernes que otras dos empresas están siendo investigadas en el marco de este caso: Soccercam SL, perteneciente al hijo de Negreira, y Tresep 2014 SL, a Josep Contreras Arjona, un exdirigente del Barça, cuya compañía habría sido utilizada para canalizar los pagos hacia el antiguo árbitro.
Reacciones de Xavi Hernández
"Si yo veo que ganamos con trampas, me voy para casa", reaccionó irónicamente Xavi, en una rueda de prensa tras el partido contra el United.
"Vamos a esperar a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga española aclaren la situación que estamos conociendo a través de los medios de comunicación", comentó, por su parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, este viernes en Eslovenia.
Todo empezó el miércoles cuando la radio Cadena Ser reveló que la fiscalía de Barcelona investigaba desde hace varios meses a la empresa de un exresponsable arbitral que habría recibido 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 de parte del Barcelona, por un presunto delito de corrupción entre particulares.
Según la emisora, la investigación se habría iniciado tras detectarse unas irregularidades tributarias por parte de la empresa Dasnil 95, propiedad de Enríquez Negreira.
El exárbitro negó cualquier trato de favor al club azulgrana. Su función, según dijo a los periodistas, se habría limitado a aconsejar de manera verbal sobre temas como el comportamiento de los jugadores hacia los árbitros.
Nada más saltar la información, el Barcelona emitió un comunicado en el que sin nombrar directamente a Dasnil 95, explicó que mantuvo un contrato en el pasado con un "proveedor externo" del que recibió, entre otros, "informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional", lo que es "una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales".
Actualmente, según informó en la nota, esa tarea recae en "un profesional del área de fútbol".
Federación y Liga a la expectativa
Según Bartomeu, presidente del Barça entre 2014 y 2020, decidió deshacerse de los servicios de esta empresa para ahorrar gastos en 2018, año en que se reestructuró el CTA y Negreira salió del mismo.
El jueves, el departamento de integridad de la Federación Española de Fútbol anunció que había iniciado "un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona" para adoptar eventuales medidas "en el momento en que se disponga de la información suficiente".
LaLiga, que dirige el fútbol profesional en España, reaccionó por boca de su presidente, Javier Tebas: "Tenemos que aclarar desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas" contra el Barça.
Tebas explicó que los hechos se produjeron en 2018 y años anteriores por lo que "del 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos".
AFP
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