Recientemente fue publicada en Gaceta Oficial número 6.745 Extraordinario el 28 de abril de 2023, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En esa misma fecha, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia 0315 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de dicha ley, previamente aprobada por unanimidad en fecha de 27 de abril del año en curso, por la Asamblea Nacional, la cual según afirma el presidente Maduro "viene a ser la primera ley para golpear de manera contundente a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en la vida política, nacional y en el escenario del Estado”.
Pero, ¿qué es la extinción de dominio?
Es un procedimiento legal que tiene como objetivo a través de la promulgación de esta ley, identificar, localizar y recuperar bienes y efectos patrimoniales que han sido obtenidos de manera ilícita o destinados a actividades ilícitas. Su objetivo es declarar la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de dichos bienes en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna, para destinarlos a políticas públicas de protección y desarrollo del pueblo, en la cual se ratifica el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
Esta ley busca aumentar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Al mismo tiempo, se reafirma el derecho a la propiedad y se generan condiciones para que los bienes y efectos patrimoniales relacionados con actividades ilícitas sean destinados a financiar políticas públicas de protección y desarrollo del pueblo venezolano.
El procedimiento para la extinción de dominio se rige por los principios de legalidad, justicia, buena fe, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, oralidad, inmediación, concentración y contradicción. Es importante mencionar que la extinción del dominio sobre los bienes y efectos patrimoniales relacionados con actividades ilícitas es de interés general y las disposiciones de esta ley son de orden público.
La ley define los términos "actividad ilícita" y "bienes", entre otros, y establece que la extinción de dominio procede sobre los bienes a que hace referencia esta ley, independientemente de si se han transmitido por causa de muerte o cualquier acto jurídico. Sin embargo, esta ley dispone que se deben salvaguardar siempre los derechos de terceros de buena fe. Además, se establecen las situaciones en las que se considera que los bienes tienen origen ilícito.
En el procedimiento de extinción de dominio, el estado garantiza el derecho de los terceros que hayan actuado de buena fe. Esto significa que, aunque se proceda a extinguir los derechos de los bienes relacionados con actividades ilícitas, se protegen los derechos de aquellos terceros que no hayan estado involucrados en actividades ilícitas. La ley establece situaciones en las que se considera que los bienes tienen origen ilícito y, en caso de duda, se debe demostrar la procedencia legal de ellos. De esta manera, se busca garantizar la justicia y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
Ahora bien, en cuanto al procedimiento la referida ley establece en los artículos que van desde el 20 al 44, que en el inicio del procedimiento el Ministerio Público, de oficio o por denuncia, iniciará y dirigirá la investigación, debiendo acreditar los supuestos y circunstancias contemplados en la ley, dicho escrito se formulará ante el tribunal especializado en la materia.
Cónsono con lo anterior, si se suscitara el caso de que sus bienes fueron apropiados indebidamente por empresas que formaban parte de las mafias corruptas y se considera que no hay relación alguna con actividades ilícitas, se podría iniciar un procedimiento de extinción de dominio para recuperar sus bienes. En este proceso, se deberá demostrar la procedencia legal de los bienes y se garantizará la protección de esos derechos y los de cualquier otra persona que pueda estar involucrada.
En conclusión, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio es un importante instrumento para combatir la corrupción y otros delitos en Venezuela. Esta ley demuestra el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y su interés en garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Es importante que la sociedad se mantenga informada sobre esta ley y su impacto en la sociedad.
