El 15 de julio de 1834, la regente María Cristina de Borbón, durante la minoría de edad de Isabel II, firmó un Real Decreto que disolvía la Inquisición española y confiscaba sus bienes.
La propuesta de abolición fue presentada por el presidente del Consejo de Ministros, el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa, quien buscaba modernizar y democratizar la sociedad española.
La Inquisición fue parte de un proceso de reforma política y social que buscaba poner fin a la intolerancia religiosa y promover la libertad de pensamiento y expresión en España. La Inquisición fue una institución poderosa y opresiva durante siglos, y su abolición fue vista como un paso importante hacia la modernización y democratización de la sociedad española.
Este hecho fue recibido con alegría y alivio por muchos ciudadanos españoles, especialmente por aquellos que habían sido perseguidos y discriminados por la institución. Sin embargo, la abolición de la Inquisición no fue un proceso fácil y tuvo que enfrentar la resistencia de algunos sectores conservadores y religiosos de la sociedad española.
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