La minería ilegal en el parque Nacional Canaima no se ha detenido, va en auge, aseguró Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco. Urge, por tanto, que se concrete la visita técnica de la Unesco al Amazonas venezolano para determinar en el sitio el ecocidio que se está registrando.
En un trabajo difundido por DW, Burelli aseguró que no solo Canaima, sino que todos los parques nacionales y todas las zonas protegidas están siendo impactadas por esta política minera desarrollada a partir del decreto de creación del Arco Minero. «Hemos descubierto que esta política minera no se circunscribe a esta zona geográficamente delimitada como el Arco Minero, sino que aplica a toda la zona del sur de Venezuela, de manera pragmática, incluso áreas protegidas, esa es la gravedad del asunto. Se está cometiendo un ecocidio en la Amazonia venezolana”.
Había alguna esperanza en la Cumbre Amazónica. Pero en sus declaraciones a DW Burelli dejó claro su parecer. “Lamentablemente esta Cumbre Amazónica no ha tenido ningún resultado para Venezuela, porque el régimen está activamente implicado en el tipo de minería y deforestación que los grandes países preocupados por la Amazonia están tratando de evitar”.
SOS Orinoco alerta del ecocidio
En el marco de este evento, la organización reclamó que el Gobierno venezolano fije una fecha para la realización de una visita técnica de la Unesco en el Parque Nacional de Canaima, declarado patrimonio mundial desde 1994.
Según Burelli, Canaima es el sitio de patrimonio mundial natural más biodiverso del mundo. «Es muy conocido por el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo, y por el tepuy Roraima, una montaña impactante”, recuerda Burelli. No obstante, la riqueza del lugar, que hace frontera con Brasil y Guyana y que cuenta con superficie de más de tres millones de hectáreas, está siendo amenazada. “Pensar que dentro de ese parque hay más de mil 500 hectáreas de minería es criminal”, dice, alertando que “eso no se ha detenido, va en auge”.
La visita técnica debía servir para comprobar el estado actual del sitio, y aunque en un principio estaba prevista para septiembre de 2022, fue anulada. “Ya estamos a mediados de agosto y no han vuelto a poner la fecha. Hace un mes que en el documento borrador que la Unesco va a aprobar en la reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial en Riad (Arabia Saudita), que va a tener lugar en septiembre, dice que están a la espera de poner la fecha y pide (al Gobierno de Venezuela) que con urgencia se dé la fecha de esa misión”, explica la fundadora de la organización.
«En 2018, cuando fundé SOS Orinoco, nadie sabía nada, Venezuela, se había caído del mapa de Amazonia. Como hemos hecho más de 27 informes muy técnicos, las organizaciones poco a poco nos han empezado a tener en cuenta y se han dado cuenta de la magnitud de la catástrofe ecológica en Venezuela», apunta Burelli.
Patrimonio natural en peligro
“Había fuertes rumores de que había minería ilegal en Canaima. En 2018, con un grupo de especialistas en Venezuela, empezamos SOS Orinoco con el objetivo de documentar y dar visibilidad a la problemática de la Amazonia, del Orinoco y la Guayana venezolana, de crear conciencia de lo que estaba y está ocurriendo y perfilar algunas de las medidas urgentes que se deben tomar para detener este desastre humano y ecológico”, recuerda. “Nuestro compromiso siempre ha sido documentar y realizar un diagnóstico a fondo y académico de la región al sur del Orinoco Sur”, añade.
Con el objetivo de documentar la situación en Canaima se llevó a cabo un primer informe técnico. “Cuando empezamos a hacer ese informe nunca imaginábamos que íbamos a destapar semejante desastre ambiental. Empezamos a descubrir la realidad de esta política minera del Arco Minero que se estaba expandiendo a todas las zonas protegidas al sur de Venezuela. No sólo Canaima, sino que todos los parques nacionales y todas las zonas protegidas están siendo impactadas por esta política minera”, lamenta.
Burelli recuerda que el Arco Minero es un decreto de 2016 que abrió la minería a casi 112 mil kilómetros cuadrados. “Fue un decreto ilegal porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional que hasta hoy es la única instancia legítima elegida en una elección legítima», la de 2015, recalca.
Apunta que han descubierto que esta política minera no se circunscribe a esta zona geográficamente delimitada como el Arco Minero. Aplica a toda la zona del sur de Venezuela, de manera pragmática, incluso áreas protegidas. «Esa es la gravedad del asunto. Se está cometiendo un ecocidio en la Amazonia venezolana”.
«Me he enfocado en visibilizar la crisis. La crisis humanitaria, obviamente toma precedencia de la crisis de derechos humanos, pero esta crisis ambiental es igual de terrible y urgente”, asegura la fundadora de SOS Orinoco, Cristina Burelli.
Acciones más allá de informes
Además de los informes, de los que se han elaborado cerca de una treintena, la organización también está llevando a cabo otras acciones internacionales. “La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá están poniendo grandes sumas de dinero para proteger y defender la Amazonia. Nos hemos asegurado de que estos países sepan la realidad. Estamos diciendo que no le den el dinero al Estado venezolano, sino a la sociedad civil que sí puede utilizarlo para proyectos sostenibles que sean alternativas a la minería”.
La organización está presionando para que el oro venezolano sea clasificado como de alto riesgo. “Nos hemos ocupado de que la ONU, la OCDE y los grandes compradores entiendan y sepan que el oro venezolano no se puede tocar. Estamos intentando cerrar los mercados principales al oro venezolano, mantener las sanciones de Estados Unidos y Canadá y entiendo que también la Unión Europea está considerando imponer sanciones al oro venezolano”.
Conjuntamente con el cierre de mercados del oro, la organización también está colaborando con Stop Ecocide Now, una organización que pretende convertir al ecocidio en crimen de lesa humanidad.
Con información de DW
