Los resultados de una rigurosa investigación periodística y judicial, han dejado al descubierto la trama empresarial vinculada con el financiamiento de la llamada operación Gedeón, que en 2020 intentó desalojar del poder por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. La investigación fue publicada por la revista Raya, la cual reproducimos íntegramente a continuación:
Tres años después de la fracasada operación Gedeón, la fiscalía de Francisco Barbosa tiene pruebas, pero no acusa a los empresarios venezolanos que, desde Barranquilla, donde se asientan sus empresas petroleras, financiaron campos de entrenamiento en La Guajira, donde se preparaban exmilitares venezolanos para derrocar al presidente Nicolas Maduro en mayo de 2020. ¿De quiénes se trata?
Un documento oculto de la Fiscalía colombiana, conocido por la revista Raya, deja al descubierto el entramado empresarial que se tejió detrás de la fallida operación Gedeón que pretendía, a principios de 2020, dar un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. La pesquisa, en la que participaron una docena de investigadores de la Policía, recopiló testimonios y documentos que puso tras las rejas, un año después, a Yacsy Alezandra Álvarez Mirabal, la mujer que ha sido catalogada como la Mata Hari venezolana dentro del operativo. No obstante, dos de los tres mega empresarios siguen en libertad y sin ser procesados por la fiscalía de Francisco Barbosa Delgado, a pesar de que las evidencias se recopilaron y de que los testigos los señalaron como financiadores, desde sus empresas asentadas en Barranquilla, en este complot internacional contra Venezuela.
Álvarez está acusada de haber preparado toda la logística para que un conductor de la Costa transportara entre Barranquilla y Santa Marta 26 fusiles calibre 5.56, silenciadores de armas de fuego, 26 visores nocturnos de dos ojos, 29 visores nocturnos de un ojo, cuatro binoculares nocturnos, 438 baterías Motorola, 15 cascos militares, tres chalecos antibalas, entre otros elementos decomisados que pusieron al descubierto la conspiración.
Los tres empresarios, uno de ellos capturado en Caracas semanas después que cayó el material bélico en el norte de Colombia, tienen en común que han sido dueños, socios o directivos de las más importantes empresas petroleras de Venezuela y las cuales actualmente tienen su asiento en Barranquilla. Uno de ellos es Jorge Luis Cordero García, dueño de la empresa Veneco Colombia SAS y quien, según un correo electrónico en poder de la Fiscalía, emitió un memorando para ser el codeudor en el arriendo de una vivienda urbana en Barranquilla, la cual sirvió de logística para todas las actuaciones de Álvarez Mirabal. “Esto permitirá a la Fiscalía probar su teoría del caso, en cuanto a la materialidad del delito de porte ilegal de armas y el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, así como la participación de la acusada en esos hechos y su responsabilidad”, resalta uno de los apartados del documento escrito por un investigador de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el cual fue utilizado por la Fiscalía contra de Álvarez, pero no contra los empresarios.
Cordero García es socio de otro de los empresarios del petróleo ocultos en esta trama: Ricardo Francisco Barreto Muskus. Actualmente reside en Miami, pero una de sus empresas más importantes está asentada en Barranquilla. Se trata de Solmico OIL SAS, una sociedad que se constituyó en Barranquilla el 26 de febrero de 2014, con el fin de operar de forma exclusiva en zonas francas la refinación de petróleo o hidrocarburos para la producción de combustibles, derivados del petróleo crudo y sus mezclas. Esta aparece en el documento como aliada de Álvarez Mirabal junto con otra empresa de Barreto Muskus: Esquivenza SA, que luego pasaría a llamarse Especialidades Quimicas Venoco SA, también asentada en Barranquilla.
Según el documento en poder de la Fiscalía, estas empresas hacen parte del entramado financiero desde el que “presuntamente salió el dinero para financiar los gastos necesarios para la organización, planeación y ejecución del entrenamiento ilícito por el que se llamó a juicio a Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal”, la mujer apodada como la Mata Hari venezolana y quien actualmente está recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué. Es más, dice el documento, que los testigos señalaron a estas empresas como fuente del dinero que les era entregado por Álvarez a los exmilitares para solventar gastos de sostenimiento.
De acuerdo con la investigación del periodista de la agencia AP Joshua Goodman, quien reveló esta operación el primero de mayo de 2020, eran más de 300 los exmilitares venezolanos que se preparaban en distintos campamentos ubicados en la península de La Guajira. Quien los entrenaba y es señalado como cerebro de la fallida operación es Jordan Goudreau, un exboina verde estadounidense que se comunicaba en Barranquilla, por medio de la traducción de Álvarez, con un general retirado del Ejército venezolano: Clíver Alcalá, extraditado a Estados Unidos y también acusado de intentar ejecutar el golpe de Estado junto con Goudreau.
Para ello, meses antes, en septiembre de 2019, Goudreau convocó a varios empresarios en Miami y Washington con el fin de buscar la financiación de la fracasada operación. A cambio de ello, reveló la AP, les prometieron acceso preferencial para negociar acuerdos en los sectores de energía y minería con un eventual gobierno del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó, según lo confesó a dicha agencia de noticias uno de los empresarios. Para ese tiempo, el empresario Barreto Muskus ya le había entregado un poder especial desde Miami a Jorge Cordero García para que en nombre de la empresa Solmico firmara endosos totales o parciales en Barranquilla.
Este apartado de la historia es importante, por cuanto los empresarios hasta hoy ocultos no solo eran los más poderosos en el sector minero en Venezuela, sino también porque desde 2010 se convirtieron en archienemigos del presidente Hugo Chávez y su revolución. La razón: la expropiación de la mayor petroquímica del país de su propiedad, Venoklim, luego que se acusó a esos empresarios de especular con los precios y de explotar a los trabajadores. Desde entonces, hace parte de la estatal Petróleos de Venezuela, SA, conocida como PDVSA. De hecho, en 2014 Barreto Muskus, presidente de dicha petroquímica, fue bloqueado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para que no ingresara a la empresa en el municipio de Guaraca, estado de Carabobo, a raíz de la decisión expropiatoria del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Sobre el empresario Barreto Muskus también hay que decir que ha sido el histórico presidente de Industrias Venoco CA, la sociedad sombrilla más grande de otro de los conspiradores: Franklin Durán Guerrero, capturado en Caracas el 24 de mayo de 2020, acusado de financiar el golpe de Estado. Según un documento expedido por el Registro Comercial de la Cámara de Comercio de Oost, sur de Países Bajos, Barreto también fue miembro del Consejo Directivo de Venoklim desde 2008. Igualmente, fue el presidente de la empresa sueca que controla a Venoklim: International Petrokemiklim AB.
Como lo mostramos en la siguiente gráfica, Barreto era tan cercano a Durán y sus empresas que se convirtió en el presidente de cuatro de las filiales de Venoklim: Lubricantes Venoco, Adinoven, Servicios Venoco y CANGL; además, en director de Química Venoco, la quinta filial de Venoklim.
A pesar de todas las evidencias con las que cuenta la fiscalía de Francisco Barbosa, la investigación y acusación solo avanzó contra Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal. De hecho, el documento en poder de la revista Raya dice que el Banco de Occidente entregó a la Fiscalía el contrato financiero relacionado con la adquisición del vehículo marca Nissan de placas IRY290, usado para el transporte de las armas y otros elementos el 23 de marzo de 2020 antes de ser entregado al conductor capturado Jorge Molinares en el edificio Laura de Barranquilla, comprado por la firma Solmico SA, de la cual Barreto Muskus es su representante legal. Para dicha compra, dice el documento, la empresa Veneco Colombia SAS, de Franklin Durán, fue el codeudor.
Así las cosas, el único de los tres empresarios que actualmente está capturado en el edificio Helicoide de Caracas es Franklin Durán Guerrero, quien fue capturado casi un mes después que cayeron las armas en el norte de Colombia, acusado de transportar desde Miami a Barranquilla, en un avión de su propiedad, al exboina verde Jordan Goudreau. Los otros dos empresarios, Jorge Luis Cordero García y Ricardo Francisco Barrero Muskus gozan de plena libertad, no están acusados por la Fiscalía colombiana y aún tienen sus prósperas empresas asentadas en Barranquilla, desde donde dispusieron de todo su aparato económico para que la Mata Hari venezolana ejecutara la logística y les permitiera a los mercenarios entrar a Venezuela y tomarse el poder por las armas. De haberlo logrado, el presidente Iván Duque y el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó habrían negado la participación en dicha conspiración.
De hecho, tras el fracaso de la operación Gedeón la narrativa que intentaron construir hace tres años fue la de la falsa bandera, es decir, que era el propio régimen chavista el que había orquestado un autogolpe. Prueba de ello es que uno de los venezolanos detenidos en Bogotá, un mes después de la fracasada operación, Jesús Ramón Rodríguez Guerrero, fue tildado por la inteligencia colombiana y llamado por la prensa nacional, como cercano al chavismo. No obstante, Rodríguez fue uno de los que recibió entrenamiento, sabía dónde estaban los campamentos y reclutaba exmilitares venezolanos que albergó en el barrio Siete de Agosto en Bogotá. Casi ocho meses después, cuando las autoridades capturaron a Álvarez Mirabal, el presidente Duque les dijo a los medios de comunicación que habían sido “capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela, promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.
Entre tanto, ella señaló que la inteligencia colombiana estuvo al tanto de esa operación pues, incluso, aseguró, tanto ella como el general Alcalá estuvieron en constante comunicación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y mencionó dos nombres: Franklin Sánchez y Jorge Miguel Padilla Ruiz, este último director de inteligencia y contrainteligencia de la DNI, quien un mes antes de su captura solicitó seguridad para ella.
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