La nueva ola de crímenes de extorsión generan un daño incuantificable al ya maltrecho estado de Maracaibo, y es la amenaza más importante para la seguridad del ciudadano común por la brutalidad de las crecientes muertes violentas que produce. El “extorsionador”, comercia con el miedo generado en las víctimas por la violencia que ejercen (psicológica, patrimonial, física y letal).
Entre los efectos de la apertura económica iniciada por el gobierno en el país, y en particular en Maracaibo, se encuentra el impulso también de los índices de criminalidad, robos, secuestros, impunidad y corrupción en todos los niveles, que se acompañan con muertes violentas. La dolarización de la actividad comercial y en gran medida del trabajo privado, el lavado de dinero y la droga, así como un nuevo componente que se une a este esquema, el de las remesas familiares, ofrecen nuevas oportunidades de actuación a los grupos criminales y explican el porqué del nuevo auge de estos tipos de delitos y de violencia que se habían reducido de una manera significativa.
Las principales víctimas de las actividades de extorsión son los empresarios que colaboran en la lucha contra el desabastecimiento y con el progreso de Maracaibo. La actividad comercial de estos empresarios, cuyas transacciones se realizan en moneda extranjera y que son objeto continuo de amenazas verbales directas, con audios y videos, o incluso con agresiones, como la explosión de granadas en los locales comerciales, o asaltos y los recientes tiroteos.
La creciente internacionalización de los grupos criminales locales ha llevado a la formación de novedosas estructuras de organización, semi autónomas, pero coordinadas. El cabecilla residente en el exterior (burlando la justicia venezolana) ordena a sus operarios en Maracaibo las labores de extorsión que deben realizar.
En Maracaibo la inseguridad se acentúa por la situación actual de los organismos de seguridad, para nadie es un secreto que en las calles de la ciudad no se observa presencia de patrullas, ni de funcionarios, Polimaracaibo que anteriormente tenía una gran presencia en la ciudad, brilla por su ausencia. Se anuncian planes con miles de funcionarios, pero la realidad es que no hay patrullaje policial en Maracaibo, una verdad como un templo, que cualquier vecino de la ciudad puede confirmar.
Es urgente que se diseñe y ejecute un plan de seguridad para la ciudad, que atienda a las nuevas dinámicas de los delincuentes, se adapte a los nuevos tiempo y utilice las herramientas que la tecnología nos provee, la presencia policial en la vía pública, con un carácter institucional moderno constituye un imperativo, sobre todo, por los numerosos factores y fenómenos externos e internos que condicionan su utilidad y eficacia.
Hay que configurar un sistema que establezca patrullas a pie, y el mantenimiento de un número apreciable de vehículos en sus planes de actuación. El patrullaje policial es privativo para la prevención de la actividad delictiva. La eficacia de la patrulla policial radica en la eliminación de la oportunidad para cometer el delito, el delincuente que pretende transgredir la norma, llega a la conclusión de que la acción es demasiado arriesgada o poco rentable.
En el caso particular de los empresarios (principales víctimas de la extorsión) se debe implementar planes efectivos de protección integral, que extiendan la cobertura a todo lo que le rodea a una persona, tanto su esfera personal como profesional, con una protección estática y una protección dinámica.
No basta con que los jefes nacionales de los organismos de seguridad se apersonen en la ciudad un par de dias cada que vez que ocurre un hecho que conmociona a la opinión pública, se debe trazar una estrategia constante en el tiempo que garantice la vida y seguridad de los marabinos.
En lo inmediato, y ante la ola de extorsión que nos azota, debe hacerse uso de la vigente Ley de protección de víctimas y testigos recientemente reformada en el 2021, plantea como punto lineal de la reforma la protección efectiva de las víctimas y testigos, quienes ante la amenaza de violación de sus derechos, acuden y denuncian por miedo a la integridad personal propia y de su entorno. No dejemos que caiga en letra muerta y que los organismos encargados de aplicarla no hagan nada a pesar de existir una ley al respecto.
El Ministerio Público debe garantizar la aplicación de la Ley de protección de víctimas y testigos, no basta con tomar las denuncias de las víctimas, debe activar las medidas de protección que prescribe este instrumento legal.
Maracaibo, no puede continuar desatendida tal y como se encuentra actualmente, el estado a través de los organismos competentes debe impulsar planes para la modernización policial, establecer y profundizar en los intercambios de colaboración con otros estados de la región para evitar la burla a la justicia que hacen los delincuentes “saltando” de un país al otro para evitar ser capturados, amparados en la falta de colaboración entre los organismos de seguridad y los cuerpos de inteligencia.
Abog. Juan Pablo Montiel
IG: @abg.jpmontiel
