Saab señaló que el exministro del Petróleo está implicado en numerosas tramas de corrupción que causaron graves daños a la empresa y al país
A través de una rueda de prensa ofrecida este miércoles 5 de abril, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, pidió la extradición del exministro del Petróleo, Rafael Ramírez, así como de Rafael Reiter y Neiver Villalobos.
"Se ha conocido que Rafael Reiter, quien fue jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA durante la gestión de Ramírez, va a atestiguar sobre la implicación del expresidente de PDVSA en el cobro de sobornos a proveedores de la industria", comenzó diciendo Saab.
Precisó, que ese hombre reveló a fuentes judiciales estadounidenses cómo Rafael Ramírez practicó sobornos con estas empresas para enriquecerse de manera individual.
"En las últimas horas, a través de los diferentes medios de comunicación, se ha divulgado nueva información sobre Rafael Ramírez y su implicación en casos de corrupción, la cual está siendo ventilada en un tribunal de los Estados Unidos", indicó el Fiscal.
En la rueda de prensa acotó: "Dicha información confirma lo que este MP ha venido informando en los últimos años; que el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, está implicado en numerosas tramas de corrupción que causaron graves daños a la empresa y al país".
Exigió su extradición
El Fiscal exigió a las autoridades de Italia, España y Estados Unidos, que entreguen a Rafael Ramírez, Rafael Reiter y Nervis Villalobos, para que sean juzgados en Venezuela por los crímenes que cometieron y que dañaron a todos los venezolanos.
"Como ya hemos informado, Rafael Ramírez se encuentra investigado por el Ministerio Público en al menos diez tramas de corrupción. Entre ellas destacan el caso de la operación Atlantic, el caso del buque Petro Saudí Saturn, el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra y el Ingelec. Por estos cuatro casos hemos solicitado la extradición".
Adicionalmente, aparece el caso de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre 2010 y 2015. "También figura el caso por presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA".
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