A pocos días de culminar el proceso de declaración y pago del ISLR, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, el Banco Central de Venezuela (BCV) sigue en mora con los contribuyentes sin la calificación de especial, obligados a realizar el ajuste por inflación en sus declaraciones.
James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, señaló que “esta situación exige a los profesionales de la contaduría pública la búsqueda de mecanismos alternativos, como la aplicación del Boletín BA VEN NIF 2, VERSION 4, emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, o el uso del último Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado, los cuales no recogen de forma correcta y precisa el efecto inflacionario real que vive el país”.
Menciona Ramos Ariza que de igual forma “la ausencia de información por parte del ente encargado (BCV), incrementa el nivel de incertidumbre, generando desconfianza en inversionistas y dejando a las direcciones empresariales sin indicadores que permitan conocer y medir el comportamiento económico considerando los desequilibrios macroeconómicos que se registran en el país”.
Esta situación, en muy corto plazo, pudiera generar especulación, más inflación e informalidad. “Desde el gremio de contadores públicos del Zulia exhortamos al BCV a presentar a la brevedad posible los INPC de noviembre y diciembre 2022 y enero 2023”, alertó el representante gremial.
Igualmente el gremio considera que otro elemento perturbador del sector empresarial “es la calificación de sujeto pasivo especial por parte de la administración tributaria, la cual irrespeta los lapsos establecidos en la norma y, valiéndose del valor rezagado de la Unidad Tributaria (UT), designa a un número importante de contribuyentes que no están en condiciones de asumir las obligaciones formales y materiales que esto conlleva, aunado a las diversas gestiones administrativas”, explicó Ramos Ariza
Estas nuevas gestiones pueden generarles a los contribuyentes gastos de índole administrativa y sanciones por el incumplimiento de las responsabilidades, lo cual trae como consecuencia que un número importante de empresas, pasen a la informalidad, o busquen soluciones fuera de la Ley, en detrimento del Estado venezolano.
Desde el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia “solicitamos a las autoridades de la administración tributaria nacional (Seniat) la imperante necesidad de modificar la providencia Nro. 296, donde se establecen los parámetros para la calificación de sujetos pasivos especiales, designando como tales a las personas jurídicas con ingresos brutos iguales o superiores a treinta mil unidades tributarias (30 mil UT), cifra equivalente a 12 mil bolívares anuales, o sincerar el valor de la UT considerando la inflación acumulada desde su origen hasta la fecha, con el fin de evitar que estos nombramientos se conviertan en foco de irregularidades administrativas”.
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