Las autoridades italianas anunciaron el viernes su decisión de bloquear el robot conversacional ChatGPT, acusado de no respetar la legislación sobre los datos personales y de no disponer de un sistema para verificar la edad de los usuarios menores de edad.
Esta decisión, "con efecto inmediato", tendrá como consecuencia "la limitación provisional del tratamiento de los datos de los usuarios italianos con respecto a OpenAI", creador de ChatGPT, indicó en un comunicado la autoridad nacional de protección de datos personales.
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ChatGPT apareció en noviembre y fue rápidamente adoptado por usuarios impresionados por su capacidad para responder claramente a preguntas difíciles, escribir sonetos e incluso pasar exámenes.
En su comunicado, la autoridad italiana subraya que ChatGPT "sufrió el 20 de marzo una pérdida de datos (data Breach) sobre las conversaciones de los usuarios y las informaciones relativas al pago de los abonados al servicio de pago".
El órgano de vigilancia reprocha también a ChatGPT "la falta de una nota informativa para los usuarios cuyos datos son recogidos por OpenAI, pero sobre todo la ausencia de una base jurídica que justifique la recogida y conservación en masa de los datos personales, con el fin de ‘entrenar los algoritmos que hacen funcionar la plataforma".
Además, mientras que el robot está destinado a personas mayores de 13 años, "la autoridad hace hincapié en que la ausencia de cualquier filtro para verificar la edad de los usuarios expone a los menores a respuestas absolutamente no conformes con su nivel de desarrollo".
La autoridad pide a OpenAI que "comunique en un plazo de 20 días las medidas adoptadas" para remediar esta situación, "so pena de una sanción de hasta 20 millones de euros (21,75 millones de dólares) o hasta 4% del volumen de negocios mundial anual".
Este anuncio se produce después que la agencia de Policía europea Europol advirtió el lunes que delincuentes estaban dispuestos a aprovechar la inteligencia artificial como el robot conversacional ChatGPT para cometer fraudes y otros delitos cibernéticos.
AFP
