Cuatro miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presentaron este lunes una legislación con la que buscan el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a la extensión del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), "hasta que se logre una resolución de la crisis" en el país suramericano.
La FFM fue establecida en 2019 en Venezuela para investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, entre otros.
La propuesta Ley de Garantía para Continuar Rastreando los DDHH en Venezuela fue firmada por los senadores demócratas Tim Kaine y Ben Cardin y los republicanos Marco Rubio y Bill Hagerty. Esta iniciativa estadounidense también busca impulsar "más acción" por parte de Washington para apoyar los derechos humanos en Venezuela.
A través de esta legislación, según Kaine, buscarán abordar las causas fundamentales de la migración de venezolanos a Estados Unidos.
"La reanudación de las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, incluido el acuerdo sobre un fondo humanitario crítico que será administrado por la ONU, es un avance prometedor y bienvenido. Pero es importante recordar que Maduro y su Ejecutivo continúan cometiendo (presuntos) graves crímenes y violaciones de derechos humanos contra su propio pueblo", aseveró Kaine, citado en un comunicado.
"Rendición de cuentas en Venezuela"
Según el senador, el Gobierno venezolano ha "provocado que más de siete millones de venezolanos huyan de sus hogares, avivado las llamas de la inseguridad alimentaria y empujado a Venezuela a convertirse en una de las crisis de refugiados más grandes del mundo".
Los legisladores también se propusieron "garantizar" que el presidente Nicolás Maduro "rinda cuentas", según reseña la Voz de América (VOA).
Esta ley también impulsaría a la FFM a emitir alertas tempranas sobre un mayor deterioro de la democracia en Venezuela, exigiría que se ordene al embajador de Estados Unidos ante la ONU a que trabaje con las autoridades para asegurar la liberación de ciudadanos extranjeros detenidos sin justificación, e instaría a la ONU a abordar las necesidades humanitarias de los venezolanos.
Gobierno y oposición
El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria acordaron el sábado 27 de noviembre crear un fondo gestionado por la Naciones Unidas (ONU) para financiar programas de salud, alimentación y educación para atender la crisis humanitaria del país, mientras que el gobierno de Biden alivió algunas sanciones petroleras en un esfuerzo por impulsar las conversaciones recién iniciadas entre las partes.
Los recursos venezolanos retenidos en el sistema financiero internacional serán dirigidos a este fondo, aunque ninguna de las partes en las conversaciones, ni el facilitador principal de Noruega, Dag Nylander, aclararon si los gobiernos de Estados Unidos o Europa aceptaron permitir que los activos congelados se canalicen al nuevo mecanismo.
Los fondos estarían focalizados en estabilizar la red eléctrica venezolana, mejorar la infraestructura educativa y hacer frente al impacto de las lluvias e inundaciones de este año.
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Con información de Voz de América / France 24
