La reciente deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua ha puesto en evidencia una preocupante falta de debido proceso y garantías legales. Estas deportaciones se han llevado a cabo sin juicios previos, sin pruebas individuales y en violación de una orden judicial en Estados Unidos que suspendía temporalmente las expulsiones.
Mientras esto ocurre, un sector de la oposición venezolana ha evitado asumir una posición clara. Aunque se ha insistido en que no se debe criminalizar a todos los migrantes venezolanos, no se han exigido explicaciones sobre los procedimientos utilizados, ni se ha pedido transparencia sobre los criterios que determinan quién es deportado.
Silencio ante un proceso sin garantías
Los pronunciamientos emitidos hasta ahora han insistido en que la mayoría de los migrantes venezolanos no pertenece a organizaciones criminales. Sin embargo, no se han planteado soluciones concretas para evitar que personas inocentes sean deportadas sin pruebas ni juicio.
Si realmente el problema es distinguir entre criminales y migrantes que no han cometido delitos, ¿por qué no se han solicitado pruebas concretas de las acusaciones contra los deportados?
Si la preocupación es que no haya criminalización indiscriminada, ¿por qué no se ha exigido transparencia en estos procedimientos?
Si el objetivo es proteger a los venezolanos, ¿por qué no se ha ofrecido mediación para garantizar que los procesos sean justos y respeten el Estado de derecho?
El resultado es que, hasta ahora, nadie ha cuestionado la arbitrariedad de estas deportaciones ni ha pedido detalles sobre los casos individuales.
Deportaciones sin juicio: una condena sin pruebas
Si una persona es acusada de cometer un delito en un país, lo lógico es que sea procesada dentro del sistema judicial de ese país, con las garantías de defensa y pruebas que exige el debido proceso.
Lo que está ocurriendo con estas deportaciones es todo lo contrario:
• No hay procesos judiciales previos.
• No se presentan pruebas públicas sobre los delitos que se les imputan.
• No se garantiza el derecho a la defensa antes de su expulsión.
• No se explica por qué son enviados a un país donde no cometieron el supuesto delito.
Esto no es extradición, donde existen acuerdos legales y procedimientos judiciales. Esto es deportación arbitraria y, en muchos casos, castigo sin juicio.
El Salvador: Un destino sin garantías
Bajo el modelo de seguridad aplicado en El Salvador, más de 70.000 personas han sido detenidas sin juicio bajo un régimen de excepción que ha sido denunciado por organismos internacionales.
Enviar a venezolanos a este entorno, sin que exista una condena previa en su contra, es someterlos a un sistema donde la detención es prácticamente indefinida y donde no tendrán posibilidad real de apelar o defenderse.
Si el argumento para estas deportaciones es la seguridad, ¿cómo se explica que personas sin condena sean enviadas directamente a una cárcel de máxima seguridad en otro país sin haber tenido un juicio en el país donde fueron detenidas?
La contradicción de un sector opositor
Algunos sectores de la oposición han construido su discurso sobre la base de que la diáspora venezolana es víctima del régimen y debe ser protegida. Sin embargo, cuando gobiernos aliados implementan medidas que afectan a los venezolanos en el exterior, optan por el silencio o por una postura ambigua.
Este silencio responde a varios factores:
1. Evitar confrontaciones con Washington
• Cuestionar estas deportaciones implicaría entrar en contradicción con gobiernos aliados que han tomado estas decisiones.
• En lugar de exigir explicaciones, se prefiere evitar el tema o asumir una postura complaciente.
2. No asumir responsabilidad ante la diáspora
• No exigir explicaciones sobre estas deportaciones permite mantener un discurso genérico sin comprometerse con soluciones concretas.
• No se ha solicitado un proceso de revisión de casos ni se ha ofrecido apoyo para garantizar que no haya errores en estas deportaciones.
3. Reducir el problema a una narrativa política
• Se insiste en que el Tren de Aragua es una amenaza transnacional y que debe ser combatido, lo cual es cierto.
• Pero esto no justifica que se castigue sin juicio a personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de defenderse.
• Se prioriza la narrativa política sobre la protección de los derechos fundamentales.
La lucha contra el crimen no puede ser una excusa para violar derechos humanos
El Tren de Aragua es una organización criminal real que debe ser enfrentada con firmeza. Pero usar su existencia como justificación para deportaciones sin juicio no solo es una violación al debido proceso, sino que sienta un precedente peligroso.
Si las deportaciones fueran realmente un mecanismo de justicia, entonces:
• Debería existir un juicio en el país donde fueron detenidos.
• Se deberían presentar pruebas individuales antes de tomar decisiones.
• Se debería garantizar el derecho a la defensa.
Nada de esto ha ocurrido. Se está castigando a personas sin pruebas y sin juicio.
¿Qué debería hacer la oposición venezolana realmente comprometida con la justicia?
Si la oposición quiere representar a todos los venezolanos, no puede ignorar esta situación. No se trata de defender criminales, sino de exigir que el sistema judicial funcione correctamente y que no se castigue sin pruebas a personas que no han tenido oportunidad de defenderse.
Lo mínimo que debería exigirse es:
• Información detallada sobre las pruebas presentadas contra los deportados.
• Que los procesos sean transparentes y se respeten los principios del debido proceso.
• Que se denuncie la criminalización indiscriminada de los migrantes venezolanos.
• Que se mida con el mismo rasero con el que se critica la falta de justicia en Venezuela.
Si el compromiso con los derechos humanos es real, entonces debe ser para todos los venezolanos y no solo cuando conviene políticamente.
Dr. Juan Pablo Montiel
Noticia al Día
