El presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó la ley que plantea la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatoria (Paso); Además, de otras dos normas que han resultado controversiales para diversas organizaciones sociales, como la referida a los juicios en ausencia y otra que prevé la reincidencia penal.
Tal como lo reseñó la agencia de noticias Sputnik, el texto legal que suspende por este año las Paso, conocida como Reforma para el Fortalecimiento Electoral, fue sancionada por el Senado, el pasado 21 de febrero .
Agrega la nota informativa que la intención del gobierno argentino era eliminar esa instancia electoral, que se creó por ley en 2009 y por primera vez fue aplicada en el año 2011, pero que finalmente accedió a suprimirlas solo por este año.
En relación a las otras dos leyes controversiales referidas por el portal de Sputnik, se pudo conocer que varias organizaciones sociales han manifestado abiertamente sus desacuerdos y cuestionamientos.
Se trata de la Ley de Reiterancia Penal, sancionada por unanimidad en el Senado, la cual estipula que cualquier persona acusada de cometer un delito que tenga un proceso penal previo, puede quedar detenida en prisión preventiva durante el desarrollo del juicio.
Asimismo, se plantea que la «reincidencia» es cuando «toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre y cuando la primera condena sea firme». La «reiteración delictiva» es entendida como las «situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización creada en 1979 que promueve la protección de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social, calificó esta ley como punitivista, argumentando que la prisión preventiva, debería ser una excepción a la norma, no una regla. Seguidamente, CELS considera que dicha norma invierte el principio de inocencia, al presuponer la culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario.
«La reforma propone que cualquier persona acusada de un delito, sin que haya sido condenada, cargue con un antecedente y que ante una nueva causa puedan dictarle la prisión preventiva», el CELS.
Finalmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que el derecho a la protesta pudiese verse afectado.
Noticia al Día / EFE
