La administración de Joe Biden implementó en su momento un mecanismo que representaba una alternativa segura y legal para los migrantes venezolanos: el parole humanitario. Este sistema fue diseñado con el propósito de ofrecer una vía ordenada para la migración, evitando que las personas tuvieran que exponerse a los peligros de las rutas irregulares. La idea era clara: quienes quisieran emigrar a Estados Unidos podrían hacerlo desde su país de origen, sin necesidad de cruzar fronteras de manera ilegal, solo debían esperar la revisión de su caso y, de ser aprobado, viajar legalmente.
Sin embargo, todo se convirtió en un negocio. En lugar de utilizar este mecanismo con responsabilidad, las mafias vieron una oportunidad de lucro. Se empezaron a vender paroles humanitarios en el mercado negro, gestores oportunistas comenzaron a ofrecerlos en redes sociales como si fueran productos en promoción, y se formó una industria paralela de explotación y fraude, donde los migrantes desesperados pagaban grandes sumas de dinero con la esperanza de obtener un acceso garantizado a EE.UU.
Este abuso del sistema generó graves consecuencias. Las autoridades estadounidenses detectaron cómo el parole, en vez de ser un canal seguro de migración, se convirtió en una mercancía controlada por redes criminales. Esto llevó a que, en lugar de mantenerse como una opción viable, se endurecieran las políticas migratorias y se tomaran medidas más estrictas para frenar el abuso.
Ahora, con la llegada de la nueva administración y el fortalecimiento de las restricciones migratorias, los venezolanos y demás migrantes son los más afectados. Lo que se creó como un beneficio, terminó desapareciendo por el uso indebido y el afán de algunos por convertirlo en un negocio lucrativo.
La lección es clara: cada vez que se establecen mecanismos legales para ayudar a los migrantes, las mafias los corrompen y los convierten en una fuente de dinero ilícito. Esto, a la larga, provoca la eliminación de esos beneficios y deja a miles de personas sin opciones seguras. La desesperación de los migrantes ha sido explotada una y otra vez, y mientras siga existiendo este tipo de comercio ilegal con la esperanza de quienes buscan un mejor futuro, las restricciones seguirán aumentando.
Es momento de que los venezolanos entiendan que no existen atajos ni soluciones mágicas. Confiar en redes ilegales solo contribuye a que las oportunidades legítimas desaparezcan y que las medidas migratorias se vuelvan cada vez más estrictas. La solución no está en caer en trampas ni en alimentar estos negocios ilícitos, sino en respetar los procesos legales y exigir que los mecanismos de migración segura sean protegidos y fortalecidos.
Dr. Juan Pablo Montiel Almeida
