Venezuela rechazó este martes 30 de enero lo que considera los más recientes intentos de chantaje e intromisión en sus asuntos internos por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), cuyos actos constituyen “un ultimátum contra toda la sociedad venezolana”.
A través de un comunicado difundido por el ministro para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, se detalla que la administración estadounidense, “mediante la coerción y la amenaza busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo”.
“Venezuela rechaza de manera absoluta e inequívoca el intervencionismo neocolonialista que desde Washington se intenta imponer contra un país independiente que ejerce plenamente su soberanía nacional y que tiene derecho a elegir su propio destino sin la constante presión y agresión de un gobierno cómplice de la masacre y el genocidio en Gaza, con un historial sangriento de violaciones de derechos humanos en nuestra América y con prontuario de represión a su propia población indígena, afrodescendiente y migrante”, recalca.
En ese sentido, el Gobierno de Venezuela hace un “llamado a la unión y movilización de todo el pueblo venezolano en defensa de la soberanía nacional y a la solidaridad internacional para repudiar esta arremetida injerencista en apoyo de sectores de la oligarquía, de los grandes apellidos, vinculados a pasados llamados a la imposición de sanciones ilegales que afectaron la economía nacional, regional y global”.
Finalmente se destaca que Venezuela no cederá ante ningún chantaje. “Sus instituciones continuarán cumpliendo con las leyes y la Constitución nacional, de acuerdo con el mandato recibido por el pueblo venezolano. Asimismo, tomará todas las medidas necesarias para continuar el curso del crecimiento económico y desarrollo social que ha emprendido con esfuerzo propio, en medio de las hostilidades económicas aplicadas contra sus ciudadanos”, concluyó.
Este martes el Departamento de Estado anunció que reanudará las sanciones contra el petróleo y gas de Venezuela a partir del próximo 18 de abril. Como excusa puso las supuestas inconsistencias que habría ejecutado Caracas con respecto a lo establecido en el Acuerdo de Barbados con el sector radical de la oposición, específicamente lo referente al tema de las inhabilitaciones.
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