El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha emitido un comunicado en el que condena de manera categórica la decisión de un juez argentino en relación a la aeronave de propiedad nacional, perteneciente a la compañía Transporte Cargo del Sur (Emtrasur).
Calificando la acción como un robo, el gobierno venezolano denuncia que el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola acuerdos internacionales.
Según el comunicado, la acción del Estado argentino viola el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho a los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, así como otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional. El gobierno de Venezuela asegura haber demostrado ante instancias jurídicas y políticas internacionales la posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad en la región.
Además, el comunicado denuncia la conducta de "pillaje, piratería y vasallaje de la justicia y gobierno argentinos", acusándolos de transgredir su propia legislación y convertir a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica.
El gobierno venezolano asegura que se reservará todas las medidas jurídicas y diplomáticas para salvaguardar sus derechos. Asimismo, alerta a la comunidad internacional, en especial a los países latinoamericanos, que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será interpretada como un acto hostil y de soporte al comportamiento vandálico en contra de un país soberano.
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