El Gobierno de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el sector privado trabajan en un plan conjunto para castigar con Mano de Hierro a las «mafias» que se dedican al contrabando, informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
A través de X (antes Twitter), explicó que los representantes de siete carteras del Estado, cámaras comerciales e industriales y jefes militares de las regiones fronterizas del país, se juntaron para «armonizar estrategias que permitan ir consolidando una economía sana y próspera para la satisfacción de las necesidades del pueblo».
Se trató de un «espacio extraordinario para examinar el comportamiento del contrabando y sus efectos en la economía nacional», añadió en la red social.
Luego, Padrino indicó ante periodistas que existe un «consenso de trabajar juntos por una economía sana y productiva», por lo que las partes trabajan en un plan para «enfrentar todos los flagelos» relacionados con el tráfico ilícito de mercancías.
«Estamos haciendo una caracterización de todo el contrabando, de todos los productos que entran y que salen, para proteger al pueblo de Venezuela de cualquier producto que no cumpla con las normas sanitarias y defender y proteger también a la industria nacional», sostuvo.
En la reunión, de la que no se conocieron detalles, participaron altos representantes de los ministerios de Salud, Alimentación, Comercio, Agricultura, Defensa, Pesca e Industrias, así como de Hacienda e instituciones relacionadas con la circulación de productos.
Según el canal estatal VTV, el plan llevará por nombre Mano de Hierro 2023 contra el Contrabando y buscará «erradicar mafias que trafican con el alimento del pueblo», aunque no se conoce desde cuándo será aplicado ni su alcance.
El Gobierno ya ha prometido combatir «con mano de hierro» a los grupos que cometen delitos en las fronteras, especialmente desde que, a finales de 2022, se normalizaron las relaciones y el flujo comercial entre Colombia y Venezuela, luego de casi cuatro años sin vínculos diplomáticos.
El contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas, les generan más de nueve mil 400 millones de dólares al año a organizaciones criminales «amparadas por funcionarios corruptos», según la ONG Transparencia Venezuela.
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